El próximo 2 de febrero estaremos conmemorando el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas esenciales para la vida en el planeta.
Esta fecha corresponde con la firma de un tratado internacional conocido como La Convención de Ramsar que se llevó a cabo en dicha ciudad iraní en 1971, con el objetivo de promover la cooperación internacional para generar estrategias en la conservación, protección y uso sostenible de los humedales. A partir de allí, se los reconoce como ecosistemas esenciales para la vida en el planeta.
Los humedales son ecosistemas que brindan una variada gama de servicios ambientales, como son la regulación de los excedentes hídricos, amortiguar el impacto de las lluvias, mitigar el impacto de las sequías extremas, es decir, los humedales buscan regular el balance hídrico; pero también son el ecosistema con mayor capacidad de absorción de carbono del planeta, entre otras funciones esenciales.
Hoy, la situación mundial de los humedales es alarmante ya que científicos señalan que en los últimos 35 años han desaparecido casi el 50% de los humedales del mundo. Y, Argentina no escapa a esta problemática. Pero, ¿cuál es la situación en la Argentina?
En nuestro país hay aproximadamente 600.000 Km2 de Humedales o también llamados Sitios Ramsar, lo que representan un aproximado del 21% del total del territorio argentino. Nuestra República se suscribió a la Convención sobre los Humedales en 1991, a través de la Ley 23.919 (con sus enmiendas en la Ley n.º 25.335). A la fecha, el país designó 23 Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas de ambientes diversos como lagunas alto andinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas, turberas y llanuras de inundación, entre otros. Siendo Los Esteros del Iberá el humedal más grande de nuestro territorio con una extensión aproximada de 13.000 km cuadrados.
Pero aún no existe una ley que los proteja de la sobreexplotación y del mal uso. La degradación de los suelos a causa de la ganadería y agricultura, la desviación de agua por medio de represas, diques y canales, y el desarrollo inmobiliario en valles pluviales y zonas costeras, son algunos de los motivos de su deterioro. Y últimamente, las quemas intencionales de grandes extensiones de suelos, son cada vez más frecuentes afectando y sus consecuencias están a la vista.
Si bien, a la fecha, se presentaron proyectos de ley en varias ocasiones, incluso en dos, se llegó a la media sanción, nunca se logró (hasta el momento) la sanción completa. Hay un alto grado de complejidad y conflictividad alrededor de la regulación y gestión de estos ecosistemas, ya que agrupa a múltiples actores e intereses que se ponen en pugna, sobre todo, aquellos vinculados a actividades productivas como son las agropecuarias, forestales, mineras e inmobiliarias, condicionan el avance. La primera vez fue en 2013, con el nombre de “Ley de presupuesto mínimo para la protección de los humedales”, el cual obtuvo media sanción en el Senado, pero no logró ser apoyado en la Cámara de Diputados por lo que perdió estado parlamentario. Luego en 2015, el proyecto volvió a presentarse, pero también fue frenado en Diputados. Ya en el 2020, eran más de un proyecto de ley, y con uno se logró un primer dictamen. Y si bien, a finales 2022 llegó a comisiones aún no giró a diputados aunque sigue siendo un reclamo urgente, sobre todo, frente a la problemática de cambio climático, es necesario que se apruebe con urgencia una ley que los proteja y regule su explotación.